Cultura del esfuerzo: lo que la universidad no enseña y el mercado ya sabe

Leí hace unos días un artículo en prensa sobre el mercado laboral y los jóvenes. Bien escrito, documentado, con el tono progresista habitual. Después encontré a su autor en LinkedIn. Los comentarios al hilo eran predecibles: indignación medida, argumentos estructurales, referencias a la OCDE y a Eurostat, algún desahogo sobre la precariedad y varios reproches velados a quienes osan cuestionar el relato.

Me cansó. No el debate en sí —que merece más seriedad de la que recibe—, sino la superficialidad con la que se repite siempre el mismo argumento: el sistema ha fallado a una generación que se esfuerza. La conversación entera descansa sobre una premisa que nadie cuestiona: que el esfuerzo del que hablan es comparable al esfuerzo que construyó el sistema dentro del cual ese esfuerzo se ejerce. Y no lo es.

El esfuerzo no es un concepto neutro

Hay dos tipos de esfuerzo que se confunden sistemáticamente en este debate. El primero es el esfuerzo que construye algo que no existe: una institución, un derecho, una infraestructura social. Exige riesgo real, renuncia sin garantía de resultado y, con frecuencia, enfrentarse a un sistema que no está de tu lado. El segundo es el esfuerzo que opera dentro de lo que otros construyeron: estudiar, formarse, trabajar más horas, acumular méritos sobre una red de seguridad que ya existe.

Los derechos que hoy se perciben como naturales —sanidad pública, educación universal, negociación colectiva, pensiones, vacaciones pagadas— no surgieron solos. Los conquistaron generaciones anteriores con un coste que esta generación no ha tenido que pagar. Fueron conquistas reales, con conflicto, con consecuencias personales graves, con esfuerzo ejercido sin red. Esfuerzo para construir la red, no esfuerzo dentro de ella.

Cuando alguien dice hoy «me esfuerzo y no obtengo recompensa», la pregunta relevante no es solo si el mercado funciona. Es también: ¿esfuerzo en qué dirección, asumiendo qué riesgo, dentro de qué marco? Si el esfuerzo siempre ocurre sobre una infraestructura que otros pagaron, la comparación con quienes pagaron esa infraestructura es, como mínimo, imprecisa.

Esto no invalida el malestar. Pero sí cambia el diagnóstico. Y el diagnóstico importa, porque de él dependen las soluciones.

La promesa rota: el título universitario como garantía

El segundo problema del argumento estructural es que asume que las expectativas de retorno eran razonables. Y aquí es donde los datos resultan incómodos.

España es, desde hace más de una década, el país con mayor tasa de sobrecualificación de toda la Unión Europea. Según el Informe CYD 2024, el 35,8% de los graduados superiores ocupados entre 20 y 64 años trabaja en puestos de baja cualificación, frente al 21,9% de media en la UE. Luxemburgo registra un 4,3%, los Países Bajos un 12,8%, Chequia un 12,4%. España casi triplica esas cifras. No es un dato coyuntural: es una constante que se arrastra desde 2008.

Al mismo tiempo, según el Ministerio de Educación, en 2025 entre el 73% y el 79,5% de los titulados en Formación Profesional se encontraban en situación de empleo activo, frente al 66% de los universitarios. La FP supera a la universidad en inserción laboral. El mercado, que en teoría es quien ha fallado a los jóvenes, ya lleva años diciendo lo mismo con datos.

¿Qué significa esto? Que las expectativas de retorno que esta generación reclama como legítimas se construyeron sobre una promesa que el sistema ya no podía cumplir —y que probablemente nunca debió formular con tanta generalidad. La promesa de que estudiar una carrera universitaria, cualquier carrera, garantizaba estabilidad laboral. Independientemente de lo que se estudiara, de cómo se estudiara y de para qué mercado.

Eso no exculpa al sistema educativo, que mantuvo esa promesa más tiempo del que podía sostenerla. Pero tampoco exculpa a quienes tomaron decisiones de formación sin calibrar el mercado, confiando en que la institución respondería por ellos.

La LOMLOE y la devaluación silenciosa del título

El tercer elemento del debate es el que más incomoda políticamente, y por eso se menciona menos. El acceso a la universidad se democratizó, lo que tiene valor en sí mismo. Pero la democratización del acceso sin exigencia real produce un efecto paradójico: más títulos, menos coste, menos valor.

Con la aprobación de la LOMLOE, el número de suspensos dejó de ser criterio determinante para pasar de curso en la ESO. La decisión recae ahora en el equipo docente, y la repetición se concibe como medida excepcional. El resultado es medible: según datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2022-2023, el 25% de los alumnos que accedieron a Bachillerato lo hicieron con alguna asignatura suspensa. Es posible además titularse en Bachillerato con una asignatura pendiente, siempre que el equipo docente lo apruebe y la nota media supere el cinco.

No es un juicio moral sobre los alumnos. Es una observación sobre el sistema: cuando el coste de obtener una credencial disminuye, el valor de esa credencial en el mercado también disminuye. Y cuando el mercado deja de reconocer el valor del título, aparece la queja por la ruptura del vínculo esfuerzo-recompensa. El problema es que esa ruptura comenzó mucho antes que la precariedad laboral, y tuvo más que ver con la devaluación de la exigencia que con el modelo productivo.

La pregunta que nadie quiere formular en voz alta: ¿fue un acierto democratizar el acceso a la universidad sin preguntarse qué universidad, para qué mercado y con qué nivel de exigencia real? El Informe CYD 2025 señala que en 2023 solo el 18,2% de los egresados españoles procedía de áreas STEM, frente al 24,8% de la media europea. Al mismo tiempo, la demanda de especialistas en tecnología, ingeniería y ciencias supera con creces la oferta. Tenemos demasiados graduados en disciplinas con escasa inserción y demasiado pocos en las que el mercado necesita con urgencia.

Esfuerzo y agencia: lo que la narrativa estructural deja fuera

La narrativa que convierte todo problema en sistémico y exime al individuo de cualquier agencia tiene una ventaja evidente: es cómoda. Para todos. Para quien la recibe, porque desplaza la responsabilidad hacia fuera. Para quien la emite, porque permite una posición moral impecable sin coste personal.

Pero la cultura del esfuerzo no es un concepto ideológico disfrazado de análisis, como se repite en ciertos círculos. Es una condición para que cualquier sistema funcione. Sin disposición individual al esfuerzo, la solidaridad estructural no tiene sobre qué construir. Y esa disposición no se genera sola: se transmite, se modela, se hereda o no se hereda.

El problema real no es que esta generación sea perezosa. Es que ha llegado a un mundo en el que los derechos ya estaban conquistados, y nadie le ha explicado con suficiente claridad el coste real de haberlos conseguido. El derecho a la sanidad, a la educación pública, a la negociación colectiva se perciben como datos del entorno, no como victorias obtenidas con décadas de sacrificio. Esa percepción tiene consecuencias sobre la disposición al esfuerzo, sobre las expectativas de retorno y sobre la tolerancia a la incertidumbre.

Externalizar todo en «las estructuras» es también una forma de no asumir agencia. Y la falta de agencia, curiosamente, es exactamente lo que se le reprocha al sistema que esa narrativa critica.

¿Tiene valor la universidad hoy?

Sí. Pero depende brutalmente de qué se estudie y en qué condiciones. Las tasas de afiliación a la Seguridad Social cuatro años después de graduarse alcanzan el 87% en informática y el 83,8% en salud. En artes y humanidades, la cifra cae al 63,8%. En ciencias sociales, periodismo y documentación, al 70,4%. Más de la mitad de los titulados en humanidades y ciencias sociales trabaja en grupos de cualificación inferiores a su titulación.

La universidad tiene valor cuando forma para lo que el mercado necesita y cuando exige lo suficiente como para que el título signifique algo. El problema es que durante años se ha vendido como un valor universal, independiente del contenido, de la exigencia y de la orientación al mercado. Y esa venta, masiva e irresponsable, es la que ha producido el desajuste que hoy se atribuye únicamente a la precariedad estructural.

A medio plazo, el valor de la universidad seguirá dependiendo de la carrera, la institución y la capacidad del graduado de adaptarse a un mercado que cambia más rápido que los planes de estudio. La inteligencia artificial va a reconfigurar en los próximos años un número significativo de ocupaciones de cualificación media-alta. Los perfiles más protegidos serán los que combinan formación técnica sólida con capacidad de juicio, adaptación y trabajo real. Exactamente las competencias que la cultura del esfuerzo —bien entendida— contribuye a desarrollar.

Lo que no se dice en los comentarios de LinkedIn

El debate sobre la juventud y el esfuerzo es, en realidad, un debate sobre la transmisión de valores entre generaciones. Y ese debate es incómodo porque implica reconocer que la responsabilidad es compartida: del sistema educativo, de las familias, de las instituciones y, también, de cada individuo.

Cansa el discurso de los jóvenes quejándose sobre una red que nunca han sabido o querido tejer, no porque el malestar sea ilegítimo, sino porque el relato que lo acompaña omite sistemáticamente la mitad de la ecuación. Omite que el esfuerzo que construyó esa red tenía un coste distinto. Omite que las expectativas de retorno se construyeron sobre una promesa que el sistema llevaba años sin poder cumplir. Omite que hay decisiones individuales —de formación, de orientación, de tolerancia al riesgo— que también forman parte del resultado.

No es un diagnóstico ideológico. Es una observación sobre cómo funcionan los sistemas, los incentivos y la responsabilidad. Y es precisamente esa observación la que el debate prefiere no hacer.